La Relatora Especial de la Comisión de Derechos Humanos para los trabajadores migrantes, en su informe sobre España, indicó su preocupación por las dificultades que encuentran los inmigrantes para acceder a una situación regular y por la contradicción existente entre el discurso oficial en contra de la inmigración irregular y el tácito reconocimiento de la existencia de una bolsa de irregulares a los que no se permite su regularización sino a través del sistema del arraigo, después de cinco años durante los cuales están totalmente desprotegidos frente a abusos y explotación.

Una preocupación que comparte igualmente el Defensor del Pueblo que ha recomendando que en el desarrollo reglamentario de la ley, se establezcan vías de regularización individual de los extranjeros que permanezcan en España en situación irregular.

Es necesario potenciar conjuntamente que los inmigrantes se involucren tanto en las cuestiones más generales de la ciudadanía como en las más específicas del “hecho migratorio” o “condición migrante”, y tanto en las instituciones más generales como en las particulares o etnonacionales.

En este sentido podemos establecer una distinción pertinente entre las “vías comunes de participación” –comunes con la población autóctona, es decir, con el resto de los ciudadanos- como por ejemplo, las asociaciones de padres de alumnos, de vecinos, los sindicatos…, y las “vías específicas de participación” como pueden ser las asociaciones de inmigrantes, las coordinadoras, las plataformas municipales, los foros, los periódicos y programas de radio propios, asociaciones comerciales de un determinado colectivo etc.

Una de las piedras angulares de la participación es la implicación en un marco territorial de convivencia social, como por ejemplo el barrio.